Ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que nombró a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y la declaración de la Asamblea Nacional sobre la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro, expertos aseguran que la tregua entre gobierno y oposición se rompió, aumentó la conflictividad y el diálogo no logró sus objetivos. Ambos se enfrentan a otro escenario tenso que deberán saber usar para evitar la intervención de radicales. 
“Esas dos decisiones muestran la fractura del Estado venezolano. Una fractura que ha sido impulsada por la estrategia del gobierno de impedir la actuación de la Asamblea Nacional. Esto es simplemente el reconocimiento de que aquí no hay la posibilidad de cambios políticos mediante acuerdos. La tregua se acabó porque el gobierno siempre se quiere salir con la suya. La MUD había cumplido con algunas de las condiciones del diálogo, como la suspensión de la marcha a Miraflores, pero el gobierno lo tomó para intentar desmovilizarla, paralizarla y quitarle su capacidad de acción autónoma. La oposición no puede seguir pagando ese coste político”, afirmó el politólogo Luis Salamanca. 
Nicmer Evans, dirigente de Marea Socialista, asegura que empieza una nueva etapa de agudización del conflicto que le dará tiempo a la oposición para reacomodarse y plantear otra estrategia, mientras el gobierno se mantiene en el poder. “Creo que las acciones de ayer abren un nuevo capítulo en esta telenovela. No era difícil suponer que el diálogo, tal como se había planteado, no tenía mucha viabilidad y que se iba a generar resistencia. Esto que está pasando es parte de lo mismo, con la diferencia de que el gobierno ganó tiempo, más espacio y la oposición, en la estrategia que asumió, no tuvo la asertividad para poder reposicionarse más cómodamente y así seguir forjando el asunto del diálogo en función de sus intereses. La tentación es que caiga en mano de los radicales porque los que se moderan han demostrado que no han tenido capacidad para sacar un saldo positivo de todo esto. Es evidente que hay actores de ambos lados que se están beneficiando y en el medio están los venezolanos que no ganamos nada”. 
El analista político John Magdaleno señala que la Mesa de la Unidad tiene pocas posibilidades de obtener una victoria en el terreno de las instituciones públicas, por lo que si desea lograr efectividad en sus acciones deberá apoyarse en seis tableros: la opinión pública; la movilización social, no solo de calle, también con la activación de sectores que han sido afectados; la opinión internacional; los organismos multilaterales; las presidencias y parlamentos de otros países y, por último, las consultas electorales. 
“La dirección de la oposición debía aceptar el diálogo solo si la presión se elevaba al máximo en estos seis tableros para disuadir al gobierno en que tenía que hacer algunas concesiones. Efectivamente la tregua se acabó. Ahora esta etapa, en la que una vez más se elevan los costos, puede tener un saldo positivo para la oposición porque es fácil demostrar qué actor no cumplió con los compromisos ofrecidos en la mesa de diálogo”. 
Para el consultor político y coordinador de Venebarómetro, Edgard Gutiérrez, el conflicto institucional comenzó desde el 5 de enero de 2016 cuando se instaló la actual Asamblea Nacional, y se prolongará en 2017. “Más que un choque entre poderes, es una situación en la que uno de ellos –el Legislativo– está maniatado desde el inicio: desacato, sentencias que lo desconocen, ausencia en las comparecencias de funcionarios, aprobación del presupuesto nacional por vía judicial. Al gobierno no le hace falta disolver la Asamblea Nacional, ya que sería un costo innecesario. Les ha funcionado mejor la maniobra de desconocer sus decisiones. En 2017 habrá mayor desgaste y menor credibilidad; así que esa será la primera tarea de la dirigencia opositora: recuperar los apoyos y la confianza, para volver a ensayar una nueva ofensiva”. 
Vicente Bello, coordinador nacional de Asuntos Electorales de la Mesa de la Unidad Democrática, señala que aunque el diálogo está suspendido no deben dejar de tratarse temas como la liberación de los presos políticos a través de los intermediarios. A su vez, en relación con la designación de las nuevas rectoras del CNE opina: “De ellas no se puede esperar ninguna actitud de moderación, porque no la han tenido. Ambas, Socorro Hernández y Tania D’ Amelio, son dirigentes del PSUV y voceras de las posiciones más radicales”.

Información. El Nacional

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