Hasta noviembre del año pasado fueron detenidas en Venezuela 11.041 personas en colas de supermercados y cadenas de farmacias por tener medicinas y alimentos, así como por retuitear incidentes relacionados con la adquisición de productos de consumo básico.
La cuenta la lleva la Asociación Civil Movimiento Vinotinto, creada el 7 de febrero de 2014 y que tiene capítulo en Lara, Miranda, Yaracuy y Táchira.
Manuel Virgüez, abogado y director de esta asociación y cofundador del Foro Penal Venezolano en Lara, definió 2016 como un año de gran conflictividad social. “Se monitorearon cerca de 856 conatos y saqueos en el territorio nacional. Aunado a eso, está el patrón criminalización del consumidor. El principal argumento de las fuerzas de seguridad para las aprehensiones era la pernocta, y los meses más conflictivos fueron marzo y julio”.  
Los casos que la asociación civil ha defendido han tenido poca respuesta del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, en las comisiones de Defensa y de Política Interior de la Asamblea Nacional se les otorgó un derecho de palabra para explicar la situación de las víctimas.
 
Virgüez expuso que la gran mayoría de los aprehendidos en cola, cerca de 90%, fueron detenidos entre 5 y 6 horas. “Se les reseñaba en la Guardia Nacional Bolivariana y luego los ponían en libertad, pero 10%  resultó imputado por delitos que van desde boicot, obstrucción a la venta, intimidación pública hasta resistencia a la autoridad, tipificados en la Ley de Precios Justos y en el Código Penal”.
 
En jurisdicción militar. Quizá uno de los hechos más graves se cometió contra Oscar Arriechi y su esposa, Yamileth Mendoza. Fueron detenidos en el barrio El Cercado, en Barquisimeto, durante un operativo de Pdval.
En el sitio hubo una reyerta, Arriechi, Mendoza y otras cuatro personas fueron aprehendidas por haber cometido presuntamente el delito de resistencia a la autoridad y fueron llevados a la jurisdicción penal militar de Barquisimeto.
 
Arriechi fue privado de libertad y durante 44 días estuvo detenido en la cárcel de Ramo Verde, en Los Teques. Luego  fue imputado por ultraje al centinela, daño a bien de la FANB y sustracción fallida de arma de reglamento. Todos estos delitos están tipificados en el Código de Justicia Militar. 
Los demás  fueron sometidos a régimen de presentación por el delito de ultraje al centinela. 
La causa fue cerrada y sobreseída. “Es decir, se demostró la inocencia de los defendidos y hubo una criminalización injustificada del consumidor y, de paso, vulneraron el debido proceso al ser presentado en jurisdicción militar”, afirmó Virgüez.
 
Arriechi y su esposa fueron golpeados presuntamente por los militares. Al hombre casi le desprenden el ojo. Pese a que la causa fue sobreseída, siguió el hostigamiento contra la pareja, supuestamente por parte de los militares que los detuvieron. Huyeron a Portuguesa, donde fueron víctimas de un robo y de otra detención arbitraria. Al final, huyeron a Colombia.  
 
Con presentación. Virgüez explicó que de ese 10%, 1.041 personas, imputado casi la totalidad, está bajo régimen de presentación con distintas medidas. 
Aquí se inserta la historia de Denis Báez, de 20 años de edad. Fue detenida en julio de 2016 y no solo no se cumplió con la ley de ser presentada en tribunales dentro de las 48 horas de su detención, sino que fue sometida a tratos degradantes. La despertaban con un balde de agua fría en la madrugada. Fue obligada a bañarse delante de los funcionarios hombres. Y, no conforme con eso, llegó al tribunal municipal en competencia penal número 2 de Lara con una crisis asmática y, en lugar de absolverla porque no era cierto que estaba involucrada en la reventa de cupos, pues ella hacía cola, el tribunal le impuso presentación cada dos días. Aún hoy sigue presentándose ante el tribunal, pero cada 15 días.
En junio de 2016, en un operativo denominado Barre Barre, en Barquisimeto, 3.500 personas fueron detenidas el fin de semana por hacer colas a altas horas de la madrugada en establecimientos de venta de productos básicos.
Entre los aprehendidos estaba Alexis Camacaro. Se encontraba en una cadena de supermercado. Fue imputado en un expediente junto a 21 personas más. Se les acusó de ser revendedores de cupos en las colas. Se le sindicó el delito de boicot tipificado en la Ley de Precios Justos. Estuvo desde julio a noviembre preso en el destacamento 121 de la GNB, en Barquisimeto. En realidad le hacía la cola, como un favor, a uno de los dueños de la casa donde trabajaba. Lo sometieron a régimen de presentación, pero tuvo que admitir los hechos.
 
Isaura Pérez se trasladó desde Maracay a Barquisimeto en julio. Su misión era llevarle unas medicinas que necesitaba su prima recluida en el hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto. Cuando llegó al centro de salud fue detenida por una comisión de la policía regional y le retuvieron los medicamentos. “La amenazaron con pasarla a Fiscalía porque, de acuerdo con los funcionarios policiales, era revendedora de medicinas. Tres días después su prima, Giorgina Delgado, falleció por no haber recibido oportunamente las medicinas”, contó Virgüez.
En Yaracuy, Pedro Hernández retuiteó un saqueo en Aroa y se lo llevaron preso. Contó que el 7 de junio hubo conatos de saqueos en el municipio Bolívar por la falta de alimentos, dado que el programa de entrega de comida casa por casa implementado por la gobernación era deficiente. La escasez hizo que la gente saliera a la calle a buscar alimentos y la protesta se les salió de las manos a los cuerpos de seguridad. “La gente se fue a los depósitos donde estaban los alimentos y se encontró con que estaba descompuesta. Eso acarreó enfrentamientos entre el pueblo y la GNB y la policía. Los acontecimientos empezaron a las 7:00 pm y terminaron a la 1:00 am”.
Hernández tuiteó 3 veces lo que estaba pasando. A las 3:00 am una comisión de la GNB llegó a su casa y lo arrestaron. “Estaban encapuchados y no tenían la placa con el nombre. Pedí la orden de allanamiento, así como la de detención y, pese a eso, me secuestraron. Además, golpearon a mi mamá, a mi papá y a mi hermanito de 17 años de edad”.
Pasó detenido 34 días en dos comandos de la GNB y en uno policial, en los cuales sufrió agresiones. “Los otros detenidos, 27, y yo desmejoramos de peso, se nos pegó sarna y no podíamos dormir porque a cada hora nos despertaban”.
Hernández sigue con la causa abierta. Fue imputado con el delito de ultraje violento a funcionario. Tiene que presentarse cada 15 días ante el tribunal.

|Información. @elnacionalweb|

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