Prensa Gobernación de Lara.- En Venezuela, la situación carcelaria de los centros de reclusión de los Cuerpos Policiales se ha incrementado considerablemente; desde la Policía Nacional Bolivariana, las policías estadas y municipales, la grave crisis que ocurre en los Centros de Coordinación Policial afecta a detenidos, familiares y funcionarios, las condiciones no están dadas para unos ni para otros.
Expertos en la materia, aseguran que todas estas situaciones ocurren por diversos factores, desde el retardo procesal, la corrupción, pasando por la falta de coordinación entre los organismos involucrados.
La Dra. Thelma Fernández, con más de 20 años en ejercicio como abogada penalista, comenta que el hacinamiento es consecuencia del retardo procesal, viene a ser parte de una dilación injustificada, reiterada y sistemática, así como el reflejo del proceso penal afectado por la escandalosa violación de los tiempos procesales.
"Las cárceles deben tener personas condenadas en lugar de procesadas, porque hay detenidos que pasan tiempo allí esperando su sentencia y cuando finalmente les dictan la medida suman el doble de lo que ya tenían en el lugar ó la misma es absolutoria, aún cuando el artículo primero del Código Orgánico Procesal Penal establece la garantía al debido proceso y juicio sin dilaciones indebidas donde ninguna persona podrá ser condenada sin un juicio previo, oral y público", detalló Fernández.
De acuerdo a la Dra. Thelma, las condiciones actuales de los calabozos no cumplen con los mínimos estándares para mantener a las personas detenidas, "lamentablemente sólo se están creando escuelas para delincuentes, donde no se mejoran como ser humano sino que de allí salen con mayor resentimiento contra la sociedad, llevándolos a la reincidencia; los detenidos no son reformados para reinsertarse a la sociedad".
Éstas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la presentación del Portafolio de Propuestas Penitenciarias y las Reglas Mandela de las Naciones Unidas, actividad realizada en la Escuela de Gerencia de la Gobernación del estado Lara, que contó con la asistencia de funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Lara, abogados y periodistas expertos en el área, dictada por miembros y colaboradores del Observatorio Venezolano de Prisiones.
El especialista en materia penitenciaria, Pedro Rondón, especificó que la especialización y clasificación del personal dentro de los recintos carcelarios es fundamental para el buen funcionamiento de los mismos, "no es tener un personal por tenerlo, es prepararlo para que pueda ejercer una labor que vaya en beneficio de la población penitenciaria y de la sociedad en general, esa es una de las maneras más idóneas de evitar mayores males dentro de las cárceles".
Por su parte, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) Humberto Prado, destacó que los estándares internacionales establecen cuatro niveles, donde la capacidad se mide por la "luz de sobre población" en riesgos, 10% es bajo, 1 al 19% moderado, 20 al 39% alto, más del 40% crítico.
"A nivel nacional la capacidad carcelaria en calabozos policiales es para cinco mil detenidos y actualmente hay 30 mil aprehendidos aproximadamente, mientras que los centros penitenciarios tienen una capacidad para 30 mil aprehendidos y en la actualidad la cifra de población penal se eleva a mas de 50 mil, lo que indica una sobre población del 600% en las cárceles del estado, el nivel es súper crítico", comentó el director de la OVP.
En Lara, la situación es similar al contexto nacional, solamente el Cuerpo de Policía del estado Lara tiene en los Centros de Coordinación Policial 1.139 detenidos, con un excedente de más del 490%, cifra que el coronel Edilberto León,  Director General Sectorial de Seguridad y Orden Público, considera alarmante.
"Los calabozos de PoliLara, no están aptos para tener esa cantidad de detenidos, allí no se tienen las condiciones para mantenerlos, la situación cada vez se hace más crítica", acotó León.
Comentó además que los traslados que se realizan son muy pocos, aunado a las detenciones diarias que realiza la policía estadal, lo que incrementa considerablemente el número de personas dentro de los calabozos policiales.
El hacinamiento carcelario va más allá de un problema de estado, es de toda la sociedad, debido a que en la mayoría de las entidades los organismos de seguridad, especialmente policías, destinan mayor cantidad de funcionarios a cuidar detenidos en lugar de salir a la operatividad institucional, lo  que incrementa considerablemente el número de delitos en la entidad.
Según datos ofrecidos por el ejemplar de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, en su última publicación (2.015), la tasa de homicidios fue de 51 por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2.014 había sido de 46 por cada 100.000, así como, los delitos incrementaron de 325 en 2.014 a 370 para el 2.015, de acuerdo a éstos datos se producen 328 delitos por cada 100mil habitantes.
Para el caso Lara, la tasa de homicidios en 2.015 fue de 42 por cada 100 mil habitantes y en 2.014 fue de 37, en cuanto a los delitos para el 2.014 fueron de 242 y en 2.015 ocurrieron 299.
Estos números evidencian la tendencia creciente entre homicidios y delitos en general, que de acuerdo, a los expertos en materia de seguridad está relacionado con los funcionarios que están destinados a cuidar detenidos, cuando podrían estar en las calles brindando seguridad a los ciudadanos, por tanto, consideran, es de suma importancia involucrar a la sociedad en esta problemática que finalmente afecta a todos los habitantes por igual.
En Lara, la policía del estado ha dispuesto de más de 1.500 funcionarios, para cuidar detenidos, a juicio del coronel León, esto disminuye considerablemente la operatividad en las calles.
Así mismo, el comisionado jefe Luis Rodríguez, director de PoliLara señaló que hoy en día tienen CCP, como el de Juan de Villegas I, donde actualmente se encuentran 146 privados de libertad y la capacidad es para 25, el hacinamiento es de 584%.

Los entrevistados coinciden en que el problema del hacinamiento debe ser abordado por todos los niveles de gobierno, se requieren mejoras en el diseño de políticas en materia penitenciaria, en aras de liberar espacio en los centros de detenciones policiales donde de acuerdo a la ley, los reclusos deben permanecer  hasta 96 horas como máximo.

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