Durante el primer trimestre de 2017 aumentó el número de arrestos con fines políticos en comparación con 2016. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, informó que el año pasado hubo solo 3 privaciones de libertad a diferencia de las 15 de entre enero y marzo.
Destacó que en ese periodo el número de liberaciones se mantuvo por debajo de las privaciones de libertad. Especificó que mientras en 2016 hubo solo tres excarcelaciones, en 2017 van cuatro. Entre los casos más recientes estuvo el del concejal de Maracaibo por Primero Justicia, Jorge Luis González, quien permaneció 53 días recluido en el Sebin.
Mientras que Gonzalo Himiob, también director del FPV, precisó que existen 116 presos de conciencia en Venezuela; de esos, 11 son mujeres. “Algunas  incluso en la sede del Sebin. Todas procesadas, lo que constituye una grave violación de sus derechos humanos”.
Inocencia
González expresó que al ser detenido sin una orden judicial se violaron todos sus derechos. “Siempre fui inocente y nunca hubo motivos reales para una acusación tan injusta. Si querían hacer una investigación debió ser antes de detenerme para después emitir una orden de detención. En este país se presume la culpabilidad y después uno tiene que demostrar inocencia, todo lo contrario a lo que estipulan las leyes.  Hoy se desvirtuaron todos los hechos y acusaciones que había en mi contra”, expresó el concejal a las fueras de la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, lugar que visitó a las pocas horas de recuperar su libertad.
La tergiversación
Romero también indicó que existe una campaña de tergiversación de parte de los factores políticos que apoyan el diálogo entre el gobierno y la oposición, y le atribuyen una larga lista de liberaciones, cuando en realidad ninguna guarda relación con ese proceso. Insistió en que desde el inicio de las negaciones se recrudeció la persecución y aumentó el número de presos políticos.
“Encontramos una lista de 73 supuestos liberados por el diálogo. En ella incluyeron a los dirigentes de Voluntad Popular, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel. Ahora bien, surge la interrogante de si ellos fueron excarcelados o privados de libertad debido a este proceso”, se preguntó.  
Señaló que ante esta situación se debe aclarar que las personas que estuvieron detenidas por un lapso no mayor a 3 días, no pueden ser consideradas como beneficiarios del diálogo. Se refirió especialmente al caso de Braulio Jatar, que fue privado de libertad luego de ese proceso. Expresó que en caso de ser liberado, y se le atribuye a una negociación con el gobierno, “sería pura manipulación”.
Complicados de salud. Las condiciones inhumanas a las que han sido sometidos algunos presos políticos han dejado secuelas difíciles de superar; algunos padecimientos se convirtieron en enfermedades crónicas que ni las medidas humanitarias de casa por cárcel pudieron aliviar.
Carlos Pérez, detenido el 8 de marzo de 2014, tiene graves problemas de tensión, es propenso a sufrir un infarto, señaló Romero. Dijo que se vencieron los lapsos establecidos para el arresto preventivo, establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. “Pérez debe ser liberado inmediatamente. Todas las personas detenidas en el PNUD fueron liberadas, menos él.”.
En el caso de Marcelo Crovato, su arresto domiciliario no ha curado las patologías que empezaron a manifestarse durante su arresto. Dijo que sus problemas depresivos no han cesado. Aunado a esta situación, su audiencia preliminar aún no termina.
Himiob afirmó que el estado de salud del ex alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Delson Guarate, es incierto. “En su caso no hay ninguna disposición del poder de cumplir con su obligación de velar por la salud y la vida de una persona que está sometida a custodia oficial”, indicó.
Destacó que con el diputado Gilber Caro la situación es más delicada “porque lo que da la impresión es de que no se tiene la menor idea de qué hacer con él, pues no hay motivos para que permanezca encarcelado”.
También cuestionó que en Venezuela  se use sistemáticamente la justicia penal como herramienta de castigo en sí misma. “En el caso de Leopoldo López se usa para neutralizarlo como factor político de relevancia en el país, aunque lo sigue siendo muy a pesar del oficialismo y estando preso”.

|Información. @elnacionalweb|

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