En horas de la mañana de este viernes 31 de marzo, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó el Informe Anual de Gestión del Ministerio Público correspondiente al año 2016, en el cual destacó que durante ese lapso se evidenció una alta incidencia del delito de homicidio con una tasa de 70,1 por cada 100 mil habitantes.
            En el acto llevado a cabo en la sede principal de la institución en Caracas, Ortega Díaz indicó que dicha cifra se traduce en 21 mil 752 homicidios dolosos o intencionales, en los cuales están contempladas todas las modalidades: femicidios, sicariatos y muertes por resistencia a la autoridad, de acuerdo a estándares internacionales como el Protocolo de Bogotá.
            Ante este indicador hizo un llamado a unificar esfuerzos institucionales para establecer como meta la reducción de la criminalidad en el país, al tiempo que informó que en el citado año se registraron 4 mil 667 personas fallecidas a manos de efectivos policiales, por lo que hizo referencia a políticas policiales que implican un aumento de la violencia en la nación.
            En cuanto a esta situación dijo que resulta imprescindible que el órgano rector en materia de seguridad ciudadana retome las directrices contempladas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, asimismo en las distintas resoluciones emanadas del Consejo General de Policía para el desarrollo de los parámetros de unas actuaciones apegadas al marco constitucional.
            Adicionalmente, la Fiscal General destacó que de los 21 mil 752 homicidios registrados en el 2016, 12 mil 069 fueron jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 30 años. Al respecto manifestó que el mencionado saldo atenta contra la generación de relevo.
            Por estos casos, el Ministerio Público imputó a 13 mil 334 personas y acusó a 5 mil 796. Igualmente, por estas muertes fueron solicitadas 3 mil 350 órdenes de aprehensión, de las cuales fueron ejecutadas 2 mil 121.
           
Desarme de la población y DDHH
            Ortega Díaz también resaltó que el 86,6% de la referida cifra de homicidios dolosos fue causado por armas de fuego, lo que evidencia lo necesario de desarmar a la población civil.
            Hizo un llamado a la implementación del control de armas y municiones en aras de lograr la reducción de la criminalidad y el establecimiento de una cultura de paz.
            Por otra parte, la máxima representante del Ministerio Público puntualizó que el año pasado resultaron imputados 4 mil 441 funcionarios de diversos cuerpos de seguridad del Estado por estar presuntamente incursos en hechos violatorios de los derechos humanos. De esta cifra fueron acusados 635 efectivos, de los cuales 266 están condenados.
            Entre los delitos por los cuales se procesó a estas personas destacan el homicidio, la tortura, el trato cruel, violación de domicilio y privación ilegítima de libertad, agregó.
            En el caso de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), se contabilizaron 241 muertes, por lo que fueron imputados 80 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad y se acusaron a 17, por la presunta comisión de los citados tipos penales.
           
Otros delitos de alto impacto en la sociedad
            La Fiscal General también hizo referencia a los delitos de extorsión y secuestro, por los que fueron imputadas 4 mil 430 personas y 2 mil 590 acusadas; mientras que por tipos penales relacionados con drogas ilícitas fueron imputados 19 mil 761 ciudadanos y se presentaron acusaciones contra 10 mil 521.
            Mencionó el auge de los delitos económicos, financieros y de legitimación de capitales por los cuales se acusaron a 2 mil 614 personas.
También explicó que la corrupción atenta contra la legitimidad de las instituciones y contra la sociedad en general, por tanto 3 mil 165 personas resultaron imputadas, 2 mil 167 acusadas, y otras 979 condenadas por ilícitos establecidos en la Ley contra la Corrupción.
           
Trato especial a la familia
            La Fiscal General reiteró que la prioridad de la institución se centra en la infancia, la adolescencia, en la familia y en las mujeres, por ello informó que en el 2016 se registraron 122 femicidios consumados y 57 frustrados, casos por los que se presentaron 108 acusaciones y se lograron 45 condenas que involucran a 50 victimarios. Acerca de ello expresó que por tales casos no puede haber impunidad.
            En cuanto a la violencia de género contra las mujeres, destacó la labor que emprendió el año anterior el Servicio de Abordaje Integral a Víctimas de Violencia de Género, puesto en marcha con el fin de garantizar los derechos de las víctimas de estos delitos.
             Acotó que esta dependencia cuenta con fiscales, abogados, psicólogos, psiquiatras y expertos especializados en la materia para ofrecer un servicio expedito a las usuarias.
            Hizo énfasis en el fortalecimiento de las actuaciones en materia de niñas, niños y adolescentes, por lo que expresó que los fiscales con competencia en Penal Ordinario imputaron a 9 mil 218 personas y acusaron a 4 mil 286; mientras que respecto al Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, fueron imputados 20 mil 066 y se presentó acto conclusivo contra 10 mil 713, por diferentes tipos penales.
            Ante tal situación social instó a todos los venezolanos a contribuir con el rescate de las generaciones futuras.
            Para cerrar su exposición, Ortega Díaz dijo que el Informe de Gestión 2016 estará disponible en la página Web del Ministerio Público (www.mp.gob.ve) para que sea del conocimiento de todos.

Consideraciones especiales
            La Fiscal General insistió en unos tópicos de acciones necesarias para su abordaje por parte de todas las instituciones del Estado; entre ellos destacó la implementación inmediata de una política de control en el uso y tenencia de armas y municiones, además el diseño urgente de un plan de atención a la niñez y la población juvenil.
            Enfatizó en el establecimiento de mecanismos de control, supervisión y seguimiento que eviten desviaciones en el actuar de funcionarios de los cuerpos de seguridad, al tiempo que invitó al estudio de los efectos positivos y negativos de la aplicación de las OLP en el país.
            Del mismo modo instó a retomar la institucionalidad, el respeto al ordenamiento jurídico y la atención para el pueblo venezolano.
            Por último, Ortega Díaz exhortó a todos los actores políticos, sociales e institucionales sobre lo imperioso de trabajar armónicamente para asegurar la paz y el Estado de Derecho en pro de la construcción de una sociedad justa.

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