El 24 de febrero, al asumir la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Maikel Moreno aseguró: "vamos a unirnos todos los poderes públicos nacionales para el ataque a la corrupción y a la impunidad". No es la primera vez que se anuncia la guerra a los ilícitos en la administración pública. 
"Si la corrupción sigue reproduciéndose y perpetuando su lógica capitalista de destrucción, aquí no habrá socialismo", advirtió el presidente Nicolás Maduro en octubre de 2013 cuando solicitó a la Asamblea Nacional una Ley Habilitante por 12 meses para combatir la corrupción. 
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, afirmó que no hay voluntad política del Estado para enfrentar los ilícitos. "El TSJ no solo ha omitido acciones en la promoción y persecución de quienes atentan contra el patrimonio público, sino que también ha boicoteado investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción", dijo. 
De Freitas señaló que dentro de los casos que desmontan el discurso anticorrupción están los argumentos del Tribunal Supremo  para impedir que la Asamblea Nacional investigue graves irregularidades administrativas ocurridas en Petróleos de Venezuela. El TSJ consideró que investigar a la industria petrolera podría ahuyentar a los inversionistas y afectar el desarrollo de los procesos judiciales que la estatal enfrenta internacionalmente. 
En octubre del año pasado, la Comisión de Contraloría, dirigida en aquel entonces por Freddy Guevara, solicitó a la plenaria parlamentaria declarar la responsabilidad de Ramírez y de otros 21 funcionarios por daños al patrimonio público, que alcanzarían más de 11 millardos de dólares desde 2004 hasta 2014. 
Guevara pidió que se solicitara al Ministerio Público un proceso penal y a la Contraloría que impusiera multas y reparos al funcionario. 
De Freitas recordó que la Sala Constitucional limitó la facultad de control del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. "La Sala Político Administrativa no ha admitido las solicitudes de acceso a la información pública interpuestos por presuntos casos de corrupción, incluso los casos relacionados con los contratos suscritos con la empresa Odebrecht". 
Puntualizó que también se ha negado la investigación al sector eléctrico. "La Sala Constitucional consideró legal que permanezcan en penumbras las presuntas irregularidades ocurridas durante la primera crisis eléctrica en 2009, al permitir que no se revise la decisión que decretó la nulidad de la medida de privativa de libertad, así como la congelación de bienes de funcionarios del sector eléctrico, señalados por el propio Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción relacionados con el pago de comisiones en divisas en la contratación de empresas españolas para ejecutar la obra de una central termoeléctrica", explicó. 
Añadió que las misiones representan un foco para la corrupción por la ausencia de transparencia en los procesos de compra, licitación y el presupuesto de inversión. "La no rendición de cuentas favorece la corrupción y el incumplimiento de objetivos, traduciéndose en deuda social. No hay indicadores de impacto, gestión y control que permitan verificar la cantidad de beneficiarios en contraste con lo presupuestado". 
La directora de Transparencia dijo que las investigaciones sobre corrupción deben poner la lupa sobre los sectores que manejan mayor cantidad de recursos con discrecionalidad y opacidad: Pdvsa, compras de alimentos y equipos, armas y equipo de defensa, control de cambio, contratos de grandes obras públicas y empresas del Estado. De Freitas destacó que es clave afianzar la fiscalización de la áreas en las que los recursos de la nación puedan emplearse para el control político o electoral, como las misiones o las campañas. 
Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, señaló: "La impunidad crece ante la falta de autonomía de los poderes públicos. Cuando no se enjuicia a quien está en el ámbito público, no se permite investigar a un organismo del Estado y se persigue a quienes investigan, como sucede con Freddy Guevara, se colocan trabas para que el gobierno no cumpla lo que anuncia". 
Rechazó los diferentes obstáculos impuestas a las indagaciones parlamentarias bajo el argumento de un falso desacato. 

Fuga de capitales
El politólogo Nicmer Evans, directivo de Marea Socialista, dijo que no se han atendido los problemas estructurales que generan la corrupción. Dijo que Maduro incumplió su promesa de combatir la corrupción vía habilitante y el anuncio de que se clarificarían las denuncias del ex ministro Jorge Giordani sobre la fuga de más de 25 millardos de dólares. 
"Se registra una fuga de capital, desde 1999 hasta el 2013, de 279 millardos de dólares, con énfasis a partir del control de cambio, y un descuadre en el balance de Pdvsa por 215 millardos de dólares que no se puede explicar. 
Mientras tanto hay venezolanos a los que se les arrebató la comida y los alimentos de aquí a 9 años. Debe buscarse la repatriación de capitales y buscar parte del dinero malversado que no ha salido del país", destacó. 
Evans aseguró que la impunidad aumentó: "Maduro no solo se lleva a embajadas a quienes son denunciados, también los nombra vicepresidentes o los lleva al TSJ". 
Dijo que la raíz del problema es que en tiempos de Chávez se hacía política en torno a quienes viven de su trabajo y son excluidos del sistema, pero en el gobierno de Maduro hay acreedores de bonos soberanos y de Pdvsa. 

|Información. @elnacionalweb|

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