Considerando 
Que la Asamblea Nacional manifestó que el cauce pacífico constitucionalmente establecido para resolver esta grave crisis política y social son las elecciones o consultas populares (arts. 5, 62 y 70 de la Constitución), pero el Gobierno Nacional se ha rebelado contra este último reducto de institucionalidad al lograr inconstitucionalmente la suspensión indefinida del referendo revocatorio, en acción concertada con jueces incompetentes en materia electoral; y luego el Consejo Nacional Electoral ha suspendido de facto las elecciones de Gobernadores o Gobernadoras y de Diputados y Diputadas a los Consejos Legislativos de los 23 Estados del país, siendo que debían realizarse en el 2016 pues el mandato constitucional de aquellos terminó en enero de 2017; 
Considerando
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia constituyen una ruptura del orden constitucional, así como el desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Considerando Que la seguridad jurídica resulta indispensable para que la inversión privada promueva la creación de empleos sostenibles. 

Solicitar Que se tomen caminos democráticos, se propicie un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, y en consecuencia: 
• Que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, con la celeridad evidenciada, proceda a decidir de manera definitiva la impugnación de la elección de los diputados del Estado Amazonas.
 • Que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, ante la desincorporación de los diputados de la Asamblea Nacional Julio Igarza, Romel Guzamana y Nirma Guarulla, proceda a reconsiderar la tesis del desacato expresada en múltiples fallos. 
• Que Consejo Nacional Electoral proceda a publicar e iniciar el cronograma electoral para la designación de autoridades estadales y municipales.
 • Que el Ejecutivo Nacional respete la competencias y atribuciones asignadas constitucionalmente a la Asamblea Nacional
 • Que el Ejecutivo Nacional respete la inmunidad parlamentaria de todos los Diputados de la Asamblea Nacional.
 • Que el Ejecutivo Nacional cese el estado de excepción que persiste en el país desde el 14 de enero de 2016. 
• Que el Ejecutivo Nacional coordine con la Asamblea Nacional las medidas necesarias para solucionar la crisis económica que afecta a todos los venezolanos

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