El uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para la contención o represión de manifestaciones está prohibido por el artículo 68 de la Constitución, mientras el artículo 324 señala que el monopolio de las armas lo tiene el Estado. Desde que comenzaron las manifestaciones que piden elecciones y rechazan el golpe de Estado que dio el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público ha contabilizado 75 muertes, incluyendo a los fallecidos en dos hechos de saqueos, uno en Caracas y otro en Carabobo. 
54 de esas muertes (72%) ocurrieron por armas de fuego y 2 por asfixia e infarto debido a la inhalación excesiva de gases lacrimógenos. En 10 casos la Fiscalía ha determinado la actuación de funcionarios policiales y en otros 13 investiga la responsabilidad de civiles armados. Es de destacar que los mencionados artículos no han sido derogados ni suspendidos. 
Con respecto a los casos en los que militares o policías accionaron sus armas contra ciudadanos desarmados, se determinó que en dos ocasiones fue contra menores de edad, siete veces contra jóvenes de 18 a 22 años y en otros dos casos contra hombres de 32 y 48 años. La mayoría de las 54 muertes por disparos fueron en el tórax (19), la cabeza (11) y el cuello (8). 
Del total de 75 víctimas, 20 eran estudiantes, 21 dejaron hijos, 5 eran mujeres y 8 menores de edad. La edad promedio de los fallecidos es de 28 años, pero más de la mitad, 57%, tenían entre 14 y 27 años. 
El Ministerio Público ha informado que hay 44 personas detenidas bajo investigación por 21 de los homicidios. De esa cantidad de imputados, 22 son funcionarios de seguridad. La Guardia Nacional Bolivariana encabeza esa lista con 6 miembros presos. Le siguen Polibolívar (5); Policía Nacional Bolivariana (3); Policarabobo (4); Milicia (1); Politáchira (1); Polisucre (1); Polianzoátegui (1). Todos estos funcionarios actuaban en la represión de las protestas, excepto el polisucre, que estaba franco de servicio. De 23 órdenes de captura sin ejecutar, 19 son contra miembros de la GNB. 
Distrito Capital, Miranda, Lara y Barinas son las entidades con más víctimas. 49% de las personas fallecidas fueron registradas durante la vigencia del Plan Zamora I; 44% se cuentan desde el Plan Zamora II. 

|Información. @elnacionalweb|

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