Tras la sentencia dictaminada durante la noche de este martes por el Tribunal Supremo de Justicia en contra del alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, suman 13 los mandatarios municipales destituidos entre 2014 y 2017 por el Poder Judicial, por incurrir en presuntos actos de omisión de “acciones tendentes a prevenir desórdenes públicos” y por supuestas “faltas absolutas” en su cargo.

Antes de Muchacho similares medidas se le aplicaron a burgomaestres como Gustavo Marcano (Lechería, Anzoátegui) y Omar Láres (Campo Elías, Mérida) sobre quienes pesan órdenes de aprehensión; Alfredo Ramos (Iribarren, Lara) y Carlos García (Libertador, Mérida), quienes fueron sentenciados a 15 meses de prisión y a la inhabilitación política.
Anterior a ellos, en 2014 fue detenido el ex alcalde del municipio San Cristóbal, Daniel Ceballos, acusado de fomentar la violencia en las protestas de ese año, al igual que el otrora burgomaestre de San Diego (Carabobo), Enzo Scarano, ambos destituidos por el TSJ. En 2015 fue apresado también por supuesta conspiración el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, a quien aún no le han dictado sentencia y quien ejercía un cargo a nivel de gobernador de estado.

No solo por el TSJ, tambén por las autoridades legislativas locales (en su mayoría oficialistas) también han sido objetos de separación de sus cargos electos por el pueblo los alcaldes Lumay Barreto ( Páez, Apure); Alicia Loreto (Iragorry, Aragua),designada tras la detención del titular Delson Guárate y  Antonio Goncalves (Maturín, Monagas), quien también era el encargado de la alcaldía mientras la autoridad electa, Warner Jiménez, decidiera autoexiliarse acusando persecución política de parte del Gobierno y sobre quien se mantiene orden de aprehensión.

En mayo de este año, la Sala Constitucional del TSJ admitió varias demandas civiles, con las que emitió sentencias que obligaban a autoridades municipales, entre ellas las de Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal del estado Miranda; de Libertador, Alberto Adriani y Campos Elías del estado Mérida, y de Palavecino e Iribarren en el estado Lara, a evitar que se presentaran protestas en estos lugares y no se permitiera la instalación de barricadas.

Pedro Loreto, autoridad del municipio Leonardo Infante del estado Guárico, también fue arrestado, pero solo por 72 horas. Mientras que ante el Ministerio Público han sido denunciados José Luís Machin (Barinas), Ronald Aguilar (Antonio José de Sucre, Barinas), Ramón Rodríguez (Bejuma, Carabobo), Alejandro Feo La Cruz (Naguanagua, Carabobo) y Yovanny Salazar (Chaguaramos, Guárico).

Muchos afirman que estas sentencias violan el derecho de los ciudadanos a manifestar, tal como lo estipula la Constitución. La próxima semana el turno es para la primera autoridad de El Hatillo

Información. Caraota Digital 

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