Irregularidades rodearon el operativo de captura contra el ex inspector del Cicpc Oscar Pérez y sus compañeros, el cual terminó con su ejecución extrajudicial, la muerte de dos funcionarios de las FAES y otros siete resultaron heridos. El Estado ha callado sobre los detalles del caso en el que se evidenció nuevamente los nexos del régimen con grupos paramilitares, quienes se han atribuido funciones de organismos de seguridad del Estado, publica Correo del Caroní.
Con una gran opacidad informativa por parte del Estado y una evidente violación de derechos humanos estuvo rodeado el caso de la captura de Oscar Pérez, el ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), hoy llamada la masacre de El Junquito.
Más de 12 horas después de haber culminado el operativo, no había información oficial sobre la suerte de Pérez. El periodista Deivis Ramírez confirmó la muerte del piloto y ex Cicpc, basado en la minuta de las Fuerzas de Acciones Tácticas Especiales  (FAES).
Ello confirma la política de ejecución extrajudicial por parte del régimen, luego de conocerse a través de videos en redes sociales la rendición del líder del grupo de resistencia.
Desde horas de la madrugada del lunes se produjo un enfrentamiento en el kilómetro 16 de El Junquito, donde estaba escondido el inspector. Funcionarios de las FAES y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rodearon la zona, y por horas se produjo una batalla campal.
Según videos publicados por el propio Pérez, tenía intenciones de entregarse, pero sus atacantes tenían órdenes de abatirlos. “Nos vamos a entregar, no sigan disparando”, imploró.
ronto se dio a conocer extraoficialmente que el ex inspector había sido abatido, pero durante todo el día se mantuvo el silencio del Estado. Solo se emitió un comunicado del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en el que confirmaron que fue desmantelado el grupo de Oscar Pérez, a quien definen como terrorista, en un operativo en el que murieron dos agentes del régimen de Nicolás Maduro y otros cinco resultaron lesionados, pero no hizo referencia al estado de Pérez ni el de sus compañeros. Solo que hubo abatidos y cinco detenidos.
Más tarde se confirmó que fueron siete heridos y dos muertos de las Fuerzas Armadas Especiales (FAES) de la Policía Nacional; estos últimos identificados como: Andreu Garate y Roger González.
“Los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos y cinco criminales fueron capturados y detenidos”, apunta el comunicado.
El periodista Ramírez precisó que en total fueron siete abatidos del grupo de Oscar Pérez, incluyéndolo. La morgue de Bello Monte, en Caracas, fue militarizada, y vecinos de El Junquito protestaron contra el ajusticiamiento al ex inspector y su equipo.
La vivienda donde estaba el también piloto fue derrumbada.
Vínculo Estado-parapoliciales
La opacidad gubernamental no fue solo sobre la muerte de Pérez, también evadieron el hecho que Heiker Vásquez, líder del grupo civil armado Tres raíces, del 23 de Enero en Caracas, resultó abatido durante el operativo en el que presuntamente acompañaba a los funcionarios.
Esto confirmaría una vez más los nexos del régimen con grupos parapoliciales.
Violación de DD HH y pena de muerte
Sobre el caso de Oscar Pérez, la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León, fue precisa en un tuit publicado desde su cuenta: “En Venezuela no existe pena de muerte. Nadie puede aplicarla”.
Por su parte, la ONG Provea recordó que, independientemente de quién se trate, la Defensoría del Pueblo -impuesta por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente- debía velar por los derechos humanos de Oscar Pérez y sus compañeros.
“Se ha convertido en una práctica rutinaria la comisión de ejecuciones extrajudiciales durante la realización de operativos policiales y militares en Venezuela. En 2016 Provea y el Ministerio Público constataron el asesinato de 241 personas bajo la figura de ejecuciones, sólo en el marco de la realización del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP)”, explicó Provea en un comunicado.
“El silencio permanente del actual fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, y del defensor del Pueblo, también designado por la constituyente, Alfredo Ruiz, son un aval para la reiteración de este tipo de abusos contra los derechos humanos. En esta oportunidad su silencio y ausencia de actuación vuelve a ser cómplice de los posibles abusos. Provea exige una investigación transparente y oportuna de los hechos, y sanción para los responsables de los posibles abusos ocurridos en este operativo policial. Asimismo, exigimos garantías para la vida e integridad de las personas detenidas y para sus familiares y amigos”, añadió la ONG.
El presidente Nicolás Maduro, en la presentación de su memoria y cuenta ante la ANC, y no la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución, se refirió al operativo contra Pérez, sin precisar sobre su estado físico.
Pre enjuiciamiento
“El terrorista Oscar Pérez atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”, fue el argumento del constituyente Diosdado Cabello, para justificar los hechos.
Por su parte, la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, señaló a Pérez como asesino, al tiempo que indicó sobre la urgentecaptura del exministro Miguel Rodríguez Torres, acusándolo de ser mentor del ex inspector.
“El asesino Oscar Pérez y su banda de terroristas pagarán con todo el peso de la ley por todo el daño q han causado cegando la vida a funcionarios, aquí no vale el llanto ni el arrepentimiento. Urge capturar a su mentor Miguel Rodríguez Torres, tanto o más peligroso que esta lacra”, publicó Varela en su cuenta en Twitter.

La Patilla 

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